Faride Raful e INTRANT sostienen diálogo con asociaciones para regular el uso de patinetas eléctricas
Santo Domingo. En un paso significativo hacia la organización de la movilidad eléctrica en espacios públicos, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Ministra de Interior y Policía Faride Raful, sostuvieron el primer encuentro con la Asociación de Movilidad Eléctrica para conversar sobre un acuerdo que fortalezca el uso responsable de patinetas eléctricas y otros dispositivos de movilidad personal, cuidando la seguridad y la convivencia de peatones y usuarios en las vías.
La reunión, celebrada en el marco de las medidas de refuerzo de fiscalización anunciadas por el INTRANT, busca consolidar un marco de cooperación que facilite el crecimiento ordenado de estos medios de transporte innovadores, que cada vez ganan más presencia en las calles del país.
Durante la jornada, las autoridades recordaron que las patinetas eléctricas no pueden circular por las aceras y deben respetar un límite máximo de velocidad de 20 km/h, como lo establece la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Además, se enfatizó la importancia de diferenciar claramente entre los dispositivos de movilidad personal como las patinetas eléctricas sin sillín o bicicletas de pedaleo asistido y las motocicletas eléctricas, que son consideradas vehículos de motor y, por tanto, están sujetas a requisitos adicionales como: placa oficial, matrícula, seguro de responsabilidad civil, licencia de conducir y uso obligatorio de casco.
Las autoridades explicaron que el incumplimiento de estas normas puede generar sanciones, incluyendo multas equivalentes de uno a tres salarios mínimos del sector público centralizado, conforme al artículo 251 de la Ley 63-17. La fiscalización de estas medidas estará a cargo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).
El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, subrayó que la regulación busca proteger a los peatones y promover una convivencia armónica entre todos los usuarios de la vía pública, especialmente en zonas con alta circulación peatonal.
Con este acercamiento entre el sector público y la asociación del sector privado, se pretende avanzar en la construcción de un marco regulatorio claro, que permita aprovechar los beneficios de la movilidad eléctrica sin poner en riesgo la seguridad vial ni afectar la calidad del uso del espacio público.
