Tribunal condena a principales implicados en los casos Coral y Coral 5G
Santo Domingo. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió la madrugada de este martes su sentencia en el juicio de fondo de los casos Coral y Coral 5G, declarando culpables a varios de los principales acusados por delitos de corrupción administrativa, lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores y enriquecimiento ilícito.
Entre las condenas más severas figura la impuesta al mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, quien fue sentenciado a 20 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 20 salarios mínimos del sector público, tras ser hallado culpable de incremento patrimonial y enriquecimiento ilícito.
La misma condena recibió el general retirado Juan Carlos Torres Robiou, luego de que el tribunal determinara su responsabilidad en los mismos hechos relacionados con el incremento injustificado de patrimonio y enriquecimiento ilícito.
Asimismo, los jueces condenaron a Rafael Núñez de Aza a 20 años de prisión y al pago de una multa de 400 salarios mínimos del sector público.
El tribunal lo encontró culpable de asociación de malhechores, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, delitos que formaban parte del entramado de corrupción investigado por el Ministerio Público.
Por su parte, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida públicamente como “La Pastora Rossy”, fue condenada a 15 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 300 salarios mínimos del sector público, tras ser declarada culpable de incremento patrimonial ilícito.
Los casos Coral y Coral 5G fueron presentados por el Ministerio Público como una supuesta estructura de corrupción que operó durante varios años mediante el desvío de fondos públicos y la acumulación de bienes de origen ilícito.
Las investigaciones revelaron presuntas maniobras para ocultar y lavar activos obtenidos de manera irregular a través de instituciones estatales.
La lectura íntegra de la sentencia será dada a conocer en una fecha que será fijada por el tribunal, mientras que las partes tendrán la oportunidad de recurrir la decisión conforme a los procedimientos establecidos por la ley.
Con esta sentencia, uno de los procesos judiciales por corrupción administrativa más relevantes de los últimos años en República Dominicana entra en una nueva etapa, marcada por las posibles apelaciones de los condenados y la ejecución de las sanciones impuestas por la justicia.
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