Mirex sostiene el derecho del Estado dominicano a regular la migración
SANTO Domingo. RD. El Gobierno de la República Dominicana reafirmó este sábado su derecho soberano y su obligación constitucional de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio, en respuesta a un reciente comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las políticas migratorias implementadas por el país.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) sostuvo que la formulación y aplicación de políticas migratorias constituye una atribución esencial de todo Estado, la cual se ejerce en estricto apego a la Constitución dominicana, las leyes nacionales vigentes y los compromisos asumidos en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.
La Cancillería subrayó que las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano responden a la necesidad legítima de gestionar de manera ordenada un flujo migratorio extraordinario, con el propósito de preservar la cohesión social, garantizar la seguridad jurídica y evitar presiones desproporcionadas sobre los servicios públicos, especialmente en áreas sensibles como la salud, la educación y la seguridad social.
Asimismo, el Mirex reiteró que la República Dominicana mantiene su compromiso con el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, al tiempo que recordó que ningún país está obligado a asumir de manera ilimitada cargas que comprometan su estabilidad institucional y económica.
El Gobierno dominicano también manifestó su disposición al diálogo constructivo con los organismos internacionales, incluyendo la CIDH, siempre que este se realice sobre la base del respeto mutuo, la no injerencia en los asuntos internos y el reconocimiento de la compleja realidad migratoria que enfrenta el país, particularmente en el contexto regional.
Finalmente, las autoridades reiteraron que continuarán implementando políticas migratorias responsables y equilibradas, orientadas a proteger el interés nacional, fortalecer el Estado de derecho y garantizar un trato humano y conforme a la ley a las personas migrantes.