Ley 47-25 establece contratación directa y prohíbe intermediarios en la publicidad oficial
Santo Domingo, RD. La nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas (Ley 47-25) y su reglamento de aplicación introducen cambios sustanciales en la forma en que el Estado dominicano contrata su publicidad oficial, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos.
La normativa establece que toda publicidad oficial deberá contratarse de manera directa con los medios de comunicación y plataformas de difusión, quedando expresamente prohibida la participación de agencias publicitarias, centrales de medios u otros intermediarios.
Esta disposición está contenida en el artículo 167 del reglamento de aplicación de la Ley 47-25, el cual señala que la contratación directa solo procede cuando la orden de compra o el contrato se suscribe directamente con el medio de comunicación o la plataforma digital titular del espacio de difusión.
El reglamento aclara, además, que la creación o producción del contenido publicitario no está incluida dentro de esta excepción, por lo que estos servicios continúan sujetos a los procedimientos ordinarios de contratación establecidos por la ley.
El gobierno busca ordenar el gasto público en publicidad oficial, fortalecer las relaciones directas con los medios formales y eliminar prácticas de intermediación que puedan distorsionar los costos o reducir la transparencia en el uso de fondos estatales.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) precisó que estas reglas no constituyen una novedad, sino que forman parte del procedimiento de excepción previsto tanto en la ley como en su reglamento la DGCP explicó que la contratación de servicios a través de intermediarios seguirá siendo posible únicamente mediante los procedimientos ordinarios de selección, los cuales requieren concursos públicos y se rigen por los principios de igualdad de trato, transparencia y libre competencia.
Analistas y representantes del sector mediático consideran que la medida tendrá un impacto significativo en la relación entre el Estado y los medios de comunicación, incentivando una mayor formalidad, registro y cumplimiento de las normativas vigentes.
Asimismo, se espera que la disposición contribuya a una mayor fiscalización del gasto público en publicidad, un renglón históricamente cuestionado por la falta de controles claros.
